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Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone habilitar a los municipios a utilizar trazas rurales que ya no cumplen funciones de circulación para actividades productivas, apicultura, pastoreo y huertas comunitarias, sin perder su carácter de bienes públicos.
María Inés Laurini
La senadora bonaerense de Fuerza Patria, María Inés Laurini, presentó un proyecto de ley que busca crear un régimen provincial de adhesión para que los municipios puedan gestionar y dar nuevos usos a los caminos rurales en desuso.
La iniciativa apunta a poner en valor trazas que dejaron de utilizarse regularmente debido a cambios productivos, factores ambientales o falta de mantenimiento, pero que mantienen su condición de bienes públicos.
Según explicó Laurini, los Concejos Deliberantes podrían autorizar usos compatibles con esas trazas, como pastoreo de ganado, instalación de colmenas y huertas comunitarias, siempre bajo determinadas condiciones y sin afectar su naturaleza pública.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de que las administraciones locales puedan cobrar cánones por determinados usos a productores, empresas o entidades privadas.
La propuesta cobra especial relevancia en un escenario de menor recaudación municipal y crecientes costos de mantenimiento de la infraestructura rural.
Laurini sostuvo que la iniciativa no pretende crear nuevas facultades para los municipios, sino brindarles un marco para relevar, ordenar y administrar un recurso territorial que actualmente permanece desaprovechado.
El proyecto contempla también la posibilidad de realizar estudios técnicos, jurídicos, catastrales, ambientales e hídricos, además de implementar medidas de preservación, señalización, custodia y control.
La legisladora también incluyó en el planteo las trazas ferroviarias en desuso, con la posibilidad de habilitar actividades privadas no invasivas, siempre que resulten compatibles con el carácter público de esos espacios.
La propuesta aparece mientras productores y entidades agropecuarias mantienen fuertes reclamos por el deterioro de los caminos rurales bonaerenses, una problemática que impacta directamente sobre la logística y los costos de la actividad agropecuaria.
A esto se suma la discusión por las tasas viales municipales. En abril, la Justicia cuestionó la legitimidad de su cobro en determinados distritos al considerar, entre otros argumentos, que no se acreditaba una prestación efectiva del servicio en sectores de la red vial.
El problema se agravó en distintas zonas del interior bonaerense por las inundaciones y excesos hídricos, que afectaron campos, caminos y superficies destinadas a la producción.
Según datos mencionados por el INTA, inicialmente se habían contabilizado alrededor de 25.700 hectáreas afectadas por el agua, aunque la superficie productiva comprometida habría sido mayor debido a pérdidas registradas incluso en campos donde posteriormente el agua comenzó a retirarse.
La emergencia hídrica tuvo además consecuencias sobre la ganadería y la campaña agrícola, con dificultades para sembrar soja y maíz y una reducción de la superficie disponible para la producción.
En ese contexto, el proyecto de Laurini instala una discusión más amplia: qué hacer con las tierras y trazas públicas que perdieron su uso original, cómo evitar ocupaciones irregulares y, al mismo tiempo, cómo convertir esos espacios en recursos que puedan aportar a las economías municipales sin comprometer su carácter público.
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