Desalojos exprés y nuevas reglas para expropiaciones: Qué cambia con la Ley de Propiedad Privada

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobada por el Senado, introduce cambios profundos en el régimen de desalojos, expropiaciones y regularización de inmuebles. La norma, impulsada por el Gobierno nacional, busca agilizar la recuperación de propiedades usurpadas, establecer mayores garantías para los propietarios frente a expropiaciones y avanzar en la digitalización de los registros inmobiliarios.

El proyecto llegó a la sanción luego de que el oficialismo retirara los capítulos sobre extranjerización de tierras y Ley de Manejo del Fuego, que habían generado resistencia entre los bloques dialoguistas.

Cómo funcionarán los desalojos exprés

Uno de los cambios más importantes es la creación de un procedimiento de desalojo exprés para inmuebles ocupados ilegalmente o en casos de tenedores precarios.

Entre los principales puntos de la nueva normativa se destacan:

• El juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el propietario demuestre de manera verosímil su derecho mediante documentación respaldatoria.
• Si el dueño solicita la recuperación del bien, el magistrado podrá intimar la devolución dentro de las 72 horas.
• En los casos de alquileres con deuda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar el pago.
• Si el incumplimiento continúa, el proceso de desalojo podrá ejecutarse en un plazo de 10 días hábiles.
• La notificación podrá realizarse tanto en el domicilio declarado como por correo electrónico, agilizando el procedimiento.
• El propietario no podrá rechazar la entrega de las llaves, aunque conservará el derecho de reclamar judicialmente cualquier deuda pendiente.
• Cuando haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección correspondientes.

Qué cambia en las expropiaciones

La ley también introduce modificaciones relevantes al régimen de expropiaciones, con el objetivo de fortalecer la protección de la propiedad privada.

Entre las principales novedades figuran:

• La declaración de utilidad pública deberá aplicarse con un criterio restrictivo y estar debidamente fundamentada.
• El Estado estará obligado a justificar de manera clara las razones que motivan la expropiación.
• Se establece un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante.
• La indemnización deberá calcularse utilizando la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a 30 días.
• No podrá concretarse la transferencia definitiva del inmueble sin el pago previo de la indemnización, aunque el Estado podrá solicitar la posesión del bien durante el proceso.
• Si existe una controversia sobre el valor de la propiedad, el juez podrá requerir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Más digitalización y acceso a escrituras

La ley también habilita la presentación de documentación digital en los Registros de la Propiedad de todo el país, una medida que apunta a simplificar y agilizar los trámites.

Además, modifica la denominada Ley Pierri, permitiendo que familias con posesión pública, pacífica y continua durante al menos diez años puedan acceder con mayor facilidad a la escritura de su vivienda única.

Con estos cambios, el Gobierno busca fortalecer la protección de la propiedad privada, reducir los tiempos judiciales para recuperar inmuebles ocupados y establecer un marco más estricto para las expropiaciones impulsadas por el Estado.