El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, se reunió con legisladores de la oposición para avanzar en una reforma del sistema. Las propuestas apuntan a exigir mayor transparencia, señalización de los controles y supervisión estatal, además de limitar el negocio privado alrededor de las infracciones.
El sistema de radares y fotomultas de la provincia de Buenos Aires podría tener cambios en su funcionamiento. El gobierno bonaerense abrió una instancia de diálogo con legisladores de la oposición para revisar la normativa vigente y analizar nuevas condiciones para la instalación de dispositivos de control de velocidad y la aplicación de sanciones.
La discusión quedó planteada durante una reunión entre el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, y los diputados Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, y Matías Civale, de UCR + Cambio Federal.
El encuentro tuvo como punto de partida dos proyectos de ley que buscan modificar aspectos del sistema. Aunque las iniciativas tienen enfoques diferentes, coinciden en una cuestión central: que las fotomultas funcionen como una herramienta de prevención y seguridad vial, y no como un mecanismo de recaudación.
Tras la reunión, los participantes acordaron conformar una mesa de trabajo para estudiar las propuestas y avanzar en posibles modificaciones a la Ley Provincial de Tránsito.
Uno de los proyectos fue presentado por Andrés De Leo y plantea modificar la Ley 13.927 para establecer requisitos más estrictos sobre la instalación y el funcionamiento de los radares.
Entre sus principales puntos se encuentran:
Controles técnicos obligatorios: los cinemómetros deberán estar homologados y someterse a verificaciones cada seis meses como máximo.
Registro público de radares: se propone publicar la ubicación de cada dispositivo, su número de serie, la autorización para funcionar y las certificaciones correspondientes.
Señalización anticipada: los controles de velocidad deberán estar advertidos mediante carteles visibles y uniformes, colocados al menos 500 metros antes del radar.
Límites de velocidad claros: las reducciones deberán implementarse de manera gradual y estar debidamente señalizadas.
Adecuación de los equipos existentes: el proyecto establece un plazo de 90 días para adaptar los dispositivos a las nuevas exigencias.
La iniciativa también contempla anular las infracciones registradas por radares que no cumplan con los requisitos establecidos, en caso de que la propuesta sea aprobada y entre en vigencia.
De Leo sostuvo que la elección de los lugares de fiscalización no debería responder a criterios discrecionales o recaudatorios, sino a fundamentos técnicos vinculados con la seguridad vial.
La segunda iniciativa, impulsada por Matías Civale, apunta a otro aspecto del sistema: el rol de las empresas privadas que proveen tecnología para registrar y procesar las infracciones.
El proyecto propone modificar el artículo 28 de la Ley Provincial de Tránsito para que determinadas funciones queden exclusivamente bajo responsabilidad de funcionarios públicos.
Entre ellas figuran:
La decisión sobre dónde instalar los radares.
El procesamiento y la validación de los datos registrados.
La emisión de las infracciones.
La notificación de las multas a los conductores.
Además, plantea prohibir que las empresas proveedoras de tecnología reciban comisiones o porcentajes calculados sobre la cantidad de multas o el dinero efectivamente recaudado.
El objetivo es evitar que exista un incentivo económico para incrementar el número de infracciones registradas.
“Las fotomultas tienen que servir para prevenir accidentes y salvar vidas, no para convertirse en un negocio de unos pocos”, sostuvo Civale. El legislador aclaró que su propuesta no busca eliminar los controles, sino garantizar que funcionen con equipos homologados y bajo supervisión estatal.
Después del encuentro, Marinucci confirmó la voluntad de trabajar sobre una actualización de la legislación con participación de distintos espacios políticos.
El funcionario sostuvo que la fiscalización debe estar orientada a la prevención, la transparencia y la seguridad vial, con el objetivo de proteger la vida de quienes circulan por las rutas y calles bonaerenses.
De la reunión también participaron los diputados Rubén Eslaiman y Roberto Vázquez, el senador Marcos Pisano, el subsecretario Damián Contreras y el director provincial Jorge Orzali.
Por el momento, las propuestas no constituyen cambios vigentes en el sistema de fotomultas. Los proyectos deberán continuar su tratamiento legislativo y conseguir los acuerdos necesarios para convertirse en ley.
La discusión abre la puerta a una eventual reforma que podría modificar las condiciones para instalar radares, la validez de determinadas infracciones y la participación de empresas privadas en la gestión de los controles de tránsito.
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