Ley de Glaciares: El oficialismo logró aprobar una reforma clave en medio de un fuerte debate político

Tras más de 11 horas de sesión intensa, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza, con el respaldo de bloques aliados.

La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y redefine los alcances de protección de los glaciares y zonas periglaciares, habilitando condiciones más flexibles para el desarrollo de actividades productivas, especialmente la minería.

El debate estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas y posturas contrapuestas. Desde el oficialismo, se defendió la reforma como una herramienta para “armonizar la legislación ambiental con el desarrollo económico”, otorgando mayor protagonismo a las provincias en la evaluación de sus recursos naturales.

En contrapartida, sectores de la oposición, encabezados por referentes de Unión por la Patria y la izquierda, alertaron sobre una posible “regresión ambiental” y advirtieron que la ley podría derivar en conflictos judiciales y afectar reservas estratégicas de agua.

Uno de los puntos más controvertidos gira en torno a la posibilidad de revisar o redefinir áreas protegidas, lo que, según especialistas y legisladores críticos, podría impactar en ecosistemas clave. “Un pequeño porcentaje de la cordillera abastece de agua a millones de personas”, fue uno de los argumentos más repetidos durante la discusión.

A favor, en tanto, legisladores de espacios como el PRO y la UCR sostuvieron que la modificación busca destrabar inversiones y generar empleo, especialmente en provincias con potencial minero, sin eliminar la protección de los glaciares inventariados.

La votación reflejó además fracturas internas en distintos bloques y apoyos cruzados, lo que terminó siendo determinante para la aprobación de una de las reformas más sensibles en materia ambiental de los últimos años.

Con la sanción ya concretada, el foco se traslada ahora a su implementación y a la posible judicialización de la norma, en un escenario donde se enfrentan dos visiones: el impulso al desarrollo productivo y la defensa de los recursos naturales.