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Londres difundió un documento para compañías que desarrollan actividades económicas o explotan recursos en el archipiélago. El Gobierno británico sostiene que la legislación argentina no puede aplicarse sobre las islas y ofrece respaldo diplomático ante eventuales sanciones o presiones.
Islas Malvinas
El conflicto por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. El Gobierno británico publicó una guía específica para empresas y particulares que realizan negocios en el archipiélago o participan de manera directa o indirecta de su actividad económica.
El documento, denominado “Doing business with the Falkland Islands”, fue difundido el 15 de septiembre por el Foreign, Commonwealth & Development Office y el Department for Business and Trade. Su objetivo es fijar la posición oficial de Londres frente a las medidas impulsadas por la Argentina contra empresas vinculadas con actividades económicas y, especialmente, con la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.
Uno de los puntos centrales de la guía es el respaldo explícito a la actividad económica desarrollada en las islas.
Londres sostiene que los habitantes del archipiélago tienen derecho a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, y afirma que esas actividades son reguladas por las autoridades de las islas bajo su propio marco jurídico.
El Gobierno británico también reafirma su posición sobre la soberanía y define a las Malvinas como un Territorio Británico de Ultramar. En el documento señala que no tiene intención de discutir la cuestión de soberanía salvo que los propios isleños así lo deseen.
La parte más contundente de la guía está relacionada con las medidas adoptadas por la Argentina.
Según la posición expresada por Londres, Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar allí su legislación interna. El Gobierno británico extiende esa postura a las compañías y personas que desarrollan actividades comerciales relacionadas con el archipiélago.
La publicación aparece en un contexto en el que la Argentina viene reforzando sus acciones contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas que considera parte de su plataforma continental.
La Cancillería argentina, por su parte, sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en las áreas bajo disputa son ilegales y ha advertido que quienes participen directa o indirectamente pueden quedar expuestos a medidas administrativas, legales y judiciales.
La guía británica contempla expresamente la posibilidad de que empresas o personas reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas.
En esos casos, el Gobierno del Reino Unido recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente para analizar cada situación.
El documento aclara, además, que se trata de una declaración de la posición del Gobierno británico y no de asesoramiento legal.
Pero Londres ofrece también respaldo político y diplomático: afirma que continuará haciendo pública su posición ante el Gobierno argentino, organismos internacionales y las propias compañías que necesiten garantías sobre su actividad.
La guía va un paso más allá y contempla qué ocurriría si una empresa, una subsidiaria o un proveedor vinculado con negocios en las Malvinas sufre presiones en un tercer país.
En ese escenario, el Reino Unido asegura que está dispuesto a intervenir para comunicar directamente su posición y respaldar a la compañía afectada.
De esta manera, el documento no se limita a defender las operaciones dentro del archipiélago: también busca ofrecer un marco de respaldo para las empresas que puedan enfrentar consecuencias derivadas de las medidas argentinas fuera de las islas.
El trasfondo de esta nueva medida es el creciente interés por los recursos hidrocarburíferos de la Cuenca Malvinas Norte.
La Argentina ha cuestionado las actividades de compañías como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y recuerda que existen normas nacionales que establecen sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización.
En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó el anuncio de una “Decisión Final de Inversión” para el desarrollo del proyecto Sea Lion y advirtió que quienes participen directa o indirectamente de esas actividades podrían quedar alcanzados por medidas administrativas, legales y judiciales.
Así, mientras Buenos Aires sostiene que esas operaciones se realizan sin autorización argentina en un área sometida a una disputa de soberanía, Londres afirma que las actividades son legítimas dentro del marco jurídico de las islas y que la legislación argentina no resulta aplicable allí.
La nueva guía británica convierte esa diferencia de posiciones en una señal concreta hacia las empresas: el Reino Unido no solo reafirma su postura sobre las Malvinas, sino que anticipa que ofrecerá respaldo diplomático frente a eventuales acciones vinculadas con las medidas argentinas.
El conflicto por las Malvinas vuelve así a trasladarse del terreno estrictamente diplomático al económico y empresarial, con los hidrocarburos como uno de los principales puntos de fricción entre ambos gobiernos.
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