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Janina Ortiz fue removida de la Cámara de Diputados provincial tras recibir una condena a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación determinó que durante su paso por la Municipalidad de Las Heras se desviaron más de $35,5 millones destinados a trabajos que nunca se realizaron.
Mendoza: Expulsaron a una diputada que confesó haber robado
La Legislatura de Mendoza resolvió expulsar a Janina Ortiz de la Cámara de Diputados provincial, luego de que la exfuncionaria reconociera su responsabilidad en una maniobra de corrupción vinculada al desvío de fondos públicos en el municipio de Las Heras.
La decisión fue adoptada por unanimidad y llegó después de que la Justicia homologara una condena de tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de peculado y uso de documento público apócrifo.
Ortiz, quien llegó a la Legislatura por el Partido Demócrata, dentro del espacio Unión Mendocina, ya estaba suspendida sin goce de sueldo desde marzo de 2024. Sin embargo, la reciente resolución judicial terminó de definir su situación institucional: dejó de ser integrante de la Cámara baja mendocina.
La causa tiene como antecedente el denominado escándalo de las cooperativas fantasma, una investigación que puso bajo la lupa contratos y transferencias de dinero realizadas durante la gestión municipal de Las Heras.
La investigación determinó que entre 2021 y 2023, el municipio transfirió más de 35,5 millones de pesos a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, supuestamente para realizar tareas de mantenimiento que finalmente nunca se concretaron.
En aquel período, Ortiz se desempeñaba como secretaria de Gobierno de Las Heras, durante las dos gestiones municipales encabezadas por su pareja, Daniel Orozco, quien fue intendente entre 2015 y 2023.
La causa también alcanzó al exjefe comunal. Frente a la posibilidad de recibir penas de cumplimiento efectivo en prisión, ambos optaron por reconocer los delitos y aceptar un juicio abreviado, mediante un acuerdo con la Fiscalía que posteriormente fue homologado por un juez.
La confesión de Ortiz y Orozco fue determinante para cerrar el proceso penal mediante ese mecanismo judicial.
Para concretar la destitución, la Cámara de Diputados apeló al artículo 91 de la Constitución provincial, que faculta a cada cuerpo legislativo a suspender o excluir a cualquiera de sus integrantes por razones de conducta, indignidad o inhabilidad moral sobreviniente.
La norma contempla la posibilidad de remover a un legislador cuando existen circunstancias que afectan el ejercicio de su función pública. En este caso, la condena penal y el reconocimiento de los delitos terminaron de fundamentar la decisión.
Pese a haber perdido su banca, la exdiputada mantiene abierto otro frente judicial. Reclama que el Estado mendocino le abone 31 meses de dieta legislativa, correspondientes al período durante el cual estuvo suspendida sin percibir remuneración desde marzo de 2024, además de los intereses.
Ese planteo económico abre un capítulo adicional en una causa que tuvo consecuencias tanto en el ámbito judicial como en el político e institucional de Mendoza.
La expulsión marca el cierre de su paso por la Legislatura provincial, pero el reclamo por los salarios pendientes todavía deberá encontrar una resolución.
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