En la previa de la huelga nacional docente, el Ministerio de Capital Humano anunció que realizará controles aleatorios en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento del servicio mínimo. Si detecta irregularidades, advirtió que aplicará sanciones a los gremios.
En medio del paro docente nacional convocado para este lunes, el Gobierno nacional confirmó que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para controlar si se garantiza el servicio mínimo de clases previsto por la legislación vigente.
La medida fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que los operativos estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Según el comunicado oficial, si se detectan incumplimientos, se iniciarán los procedimientos para aplicar sanciones a las organizaciones gremiales.
El conflicto se produce mientras la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante una huelga en reclamo de mejoras salariales, la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.
El Gobierno fundamentó los controles en la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.
Sin embargo, esa disposición se encuentra judicializada. Una medida cautelar suspendió provisoriamente la aplicación de la norma mientras se analiza su constitucionalidad. A pesar de ello, el Ejecutivo sostiene que la apelación presentada mantiene vigente el criterio hasta que exista una resolución definitiva.
Mientras CTERA ratificó el paro nacional para este lunes, los sindicatos docentes que integran la CGT decidieron adoptar un plan de lucha sin afectar el dictado de clases.
Entre las acciones previstas figuran jornadas de trabajo a reglamento, actividades informativas y una movilización, además de una conferencia de prensa para informar los próximos pasos del conflicto.
Desde el Gobierno remarcaron que, aunque la administración de las escuelas depende de cada provincia, el Estado nacional tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación y la continuidad del servicio para los estudiantes.
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