Vandalismo rural: Diputados avanzó con un proyecto para endurecer las penas y CARBAP pidió su aprobación

El debate por la seguridad rural dio un nuevo paso en el Congreso. La Cámara de Diputados emitió dictamen favorable para un proyecto que busca endurecer las sanciones contra el vandalismo rural y establecer figuras específicas dentro del Código Penal.

La iniciativa recibió el respaldo de 41 diputados y, tras pasar por las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería, quedó en condiciones de ser debatida en el recinto.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebraron el avance y reclamaron que los legisladores acompañen la propuesta.

Qué cambia con el proyecto sobre vandalismo rural

Uno de los principales puntos de la iniciativa es que el ingreso sin autorización a un establecimiento rural pueda ser considerado un delito y no quede encuadrado únicamente como una contravención.

El proyecto establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos delimitados mediante alambrados, tranqueras, vallas o carteles.

Pero la propuesta también apunta a los daños contra bienes directamente vinculados con la producción agropecuaria.

Entre ellos aparecen:

• Cultivos y ganado.
• Silobolsas y silos.
• Alambrados y tranqueras.
• Sistemas de riego.
• Bombas y paneles solares.
• Otras instalaciones e infraestructura productiva.

Para estos casos, el proyecto contempla penas de entre dos y ocho años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta 12 veces el valor del daño provocado.

El argumento del campo: el daño va más allá del costo material

Uno de los planteos que acompañan la iniciativa es que destruir un elemento de una explotación agropecuaria no implica únicamente afrontar el costo de reemplazarlo.

La Fundación Barbechando señaló que bienes como un sistema de riego, un alambrado o una instalación energética cumplen una función dentro de un sistema productivo interdependiente, por lo que su destrucción puede generar consecuencias que exceden el valor económico inmediato del objeto afectado.

También se plantea una diferencia entre la protección legal de una vivienda urbana y la realidad de los establecimientos rurales.

En el campo, una tranquera, un alambrado o una señalización pueden cumplir una función de delimitación y protección de una propiedad, pero actualmente no reciben necesariamente el mismo tratamiento que los elementos que protegen un domicilio urbano.

Las dificultades de la seguridad en el campo

El debate también incorpora una característica propia de las zonas rurales: las grandes distancias.

La extensión territorial, los caminos, la falta de cobertura telefónica e internet y la distancia respecto de las fuerzas de seguridad pueden dificultar la prevención y la respuesta ante determinados hechos.

Además, las condiciones no son iguales en todas las regiones productivas del país, por lo que el proyecto busca contemplar una problemática que afecta de distintas maneras a establecimientos rurales de diferentes provincias.

Qué dijo CARBAP sobre el avance en Diputados

CARBAP consideró el dictamen como “un paso importante” frente a una problemática que, según la entidad, afecta desde hace años a productores de distintos puntos del país.

La organización puso el foco en los daños contra cultivos, silobolsas, alambrados, instalaciones, sistemas de riego y animales, pero también en la seguridad de las familias que viven en establecimientos rurales.

Por eso, pidió el acompañamiento de los diputados, especialmente de los representantes de Buenos Aires y La Pampa, cuando el proyecto llegue al recinto.

La entidad sostuvo que la seguridad rural y la protección de la producción deberían abordarse como políticas de Estado, más allá de las diferencias partidarias.

El antecedente de Luciano Bugallo en la provincia de Buenos Aires

El avance nacional también fue celebrado por el diputado bonaerense Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, quien vinculó la discusión con proyectos que viene impulsando en la Legislatura provincial sobre caza furtiva, seguridad rural y propiedad privada.

Bugallo sostuvo que determinados ingresos a establecimientos rurales, particularmente cuando se producen de noche y con personas organizadas, vehículos o armas, requieren un tratamiento que exceda la discusión sobre la caza furtiva.

El legislador había planteado la necesidad de contar con sanciones más severas, agravantes y decomisos frente a este tipo de situaciones.

Con el dictamen obtenido en Diputados, la discusión sobre el vandalismo rural y la seguridad en el campo ingresa ahora en una nueva etapa: el proyecto deberá ser tratado por el pleno de la Cámara para determinar si avanza hacia el Senado.