Un proyecto presentado por la diputada del PRO Laura Ricchini busca incorporar una nueva herramienta al Código Procesal Penal bonaerense. Los jueces podrían inhabilitar temporalmente para conducir a personas imputadas por accidentes que hayan provocado muertes o lesiones, bajo determinadas condiciones y con una decisión debidamente fundamentada.
Una persona imputada por un siniestro vial grave podría quedar temporalmente impedida de conducir antes de que se dicte una sentencia. Esa es la posibilidad que busca incorporar a la legislación bonaerense un proyecto de ley presentado por la diputada provincial del PRO Laura Ricchini, oriunda de Junín.
La iniciativa propone modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires para que los jueces puedan disponer la inhabilitación provisoria de la licencia cuando existan elementos que indiquen un riesgo de que el acusado vuelva a protagonizar un hecho de tránsito.
El objetivo, según los fundamentos del proyecto, es prevenir nuevos siniestros y proteger la vida y la integridad física de terceros mientras avanza la causa judicial.
La propuesta plantea incorporar el artículo 153 bis a la Ley 11.922 y contempla su aplicación en investigaciones por homicidios y lesiones ocasionados por conducción imprudente, negligente o contraria a las normas de tránsito, cuando las consecuencias se hayan producido mediante el uso de automotores.
Entre las situaciones que podrían justificar la medida se mencionan la reincidencia en conductas de riesgo, la imprudencia temeraria y la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
Sin embargo, la inhabilitación no sería automática por el solo hecho de estar imputado. Cada decisión debería responder a una evaluación judicial, con fundamentos suficientes y respetando el principio de proporcionalidad.
Si el juez dispone la medida, la persona deberá entregar su licencia de conducir y la resolución será comunicada al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
El proyecto establece un plazo inicial de inhabilitación de al menos tres meses, con posibilidad de extenderlo por períodos no inferiores a un mes hasta el dictado de la sentencia.
Ricchini sostiene que esta herramienta tendría una finalidad preventiva: impedir que alguien investigado por un hecho vial grave vuelva a conducir y pueda poner en peligro a otras personas antes de que concluya el proceso penal.
La legisladora también señaló que la normativa bonaerense ya contempla mecanismos de retención preventiva de licencias, pero consideró que incorporar expresamente esta posibilidad al Código Procesal Penal permitiría ampliar las herramientas de intervención de la Justicia en determinadas causas.
La iniciativa pone en discusión una cuestión central: cómo proteger a las posibles víctimas de nuevos hechos sin convertir una medida provisoria en una sanción anticipada. Para eso, el proyecto plantea que la restricción dependa de las circunstancias de cada caso y de una resolución judicial fundada.
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