Pergamino
Virtual
La Justicia bonaerense suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La jueza Marta Elba Pascual aclaró que su decisión no cuestiona esa modificación, sino que apunta a determinar si la Provincia tiene infraestructura, personal y recursos suficientes para ponerla en práctica.
Marta Elba Pascual
La discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil sumó un capítulo judicial que puede cambiar, al menos temporalmente, el escenario previsto por la nueva ley. Una jueza bonaerense decidió suspender durante 60 días su aplicación y puso el foco en una cuestión concreta: ¿está preparada la Provincia de Buenos Aires para aplicar el nuevo sistema?
La aclaración es importante porque la medida fue rápidamente incorporada a la disputa política alrededor de la inseguridad y la edad de imputabilidad. Sin embargo, el argumento central de la magistrada no pasa por discutir si un adolescente de 14 años debe o no ser alcanzado por el sistema penal.
El planteo es otro: qué condiciones existen para que ese cambio pueda aplicarse sin que el Estado termine agravando el problema que pretende resolver.
La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La magistrada dispuso frenar preventivamente la implementación del nuevo régimen durante 60 días. En ese período, la Justicia buscará conocer con mayor precisión cómo se aplicará la normativa y, especialmente, con qué infraestructura y recursos contará la Provincia.
La propia jueza explicó que su decisión no implica oponerse a la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Su preocupación está vinculada con lo que sucede después de que un adolescente ingresa al sistema penal: dónde será alojado, qué personal estará a cargo, qué tratamiento recibirá y qué herramientas existirán para evitar que el encierro termine convirtiéndose simplemente en una instancia de mayor exclusión.
En otras palabras, la discusión judicial no se concentra únicamente en la edad, sino en la capacidad real del Estado para hacer funcionar el nuevo sistema.
La nueva legislación amplía el universo de adolescentes que pueden quedar alcanzados por el régimen penal.
Eso genera una consecuencia evidente: podría aumentar la cantidad de jóvenes que necesiten intervención de la Justicia especializada y, eventualmente, de establecimientos de alojamiento.
La jueza considera que ese escenario requiere una preparación previa.
El problema aparece si la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema crece, pero la infraestructura permanece igual.
De acuerdo con el planteo de Pascual, la Provincia debería contar con establecimientos adecuados, personal especializado y recursos suficientes para afrontar esa eventual demanda.
La pregunta que queda planteada es sencilla: si entran más adolescentes al sistema, ¿dónde serán alojados y bajo qué condiciones?
Pascual fue particularmente crítica respecto de lo que podría suceder si el nuevo esquema se implementa sin herramientas de educación, capacitación y tratamiento.
Su preocupación parte de una idea central: el encierro, por sí solo, no garantiza que un adolescente deje de delinquir.
La magistrada sostuvo que un joven privado de su libertad sin educación, oficio o asistencia terapéutica puede llegar a la mayoría de edad sin haber atravesado un proceso efectivo de reinserción.
Ese es uno de los argumentos que explica por qué la jueza decidió poner el foco en las condiciones de aplicación de la norma.
La lógica es que un régimen penal juvenil no se agota en determinar desde qué edad una persona puede ser responsabilizada por un delito. También necesita instituciones capaces de ejecutar las medidas que la propia legislación contempla.
No.
Este es uno de los puntos más importantes para entender la decisión.
La medida judicial tiene carácter preventivo y temporal. La suspensión fue establecida inicialmente por 60 días, mientras se analiza si la Provincia cuenta con las condiciones necesarias para implementar el nuevo régimen.
Por lo tanto, la decisión de la jueza no equivale a declarar inconstitucional o eliminar la Ley 27.801.
Lo que hizo la Justicia fue frenar temporalmente su aplicación en territorio bonaerense para evaluar las condiciones concretas en las que debería ponerse en funcionamiento.
Durante esos 60 días, el escenario puede evolucionar a partir de los informes y respuestas que presenten las autoridades provinciales.
La Ley 27.801 establece un régimen penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, diferenciado del sistema destinado a los adultos.
Entre sus objetivos aparecen la responsabilidad por los delitos cometidos, pero también la educación, la resocialización y la integración social.
La modificación que generó mayor impacto político es la reducción de la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar comprendido por el régimen: de 16 a 14 años.
El nuevo esquema comenzó a regir el 5 de septiembre, según el material analizado, y contempla penas de hasta 15 años para determinados delitos.
Posteriormente, el Gobierno nacional reglamentó la norma mediante el Decreto 875/2026, que establece mecanismos de coordinación entre organismos nacionales y las jurisdicciones provinciales.
La suspensión abrió rápidamente un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó públicamente al gobernador bonaerense por su postura frente a la decisión judicial.
Desde la Provincia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, respondió que bajar la edad de imputabilidad no alcanza si no existen nuevos juzgados, fiscalías especializadas, centros de alojamiento, infraestructura y personal para aplicar la reforma.
El funcionario también vinculó la discusión con los recursos que, según planteó, la Nación destina a la Provincia.
La senadora nacional Patricia Bullrich, por su parte, cuestionó tanto a Kicillof como a la Justicia bonaerense y vinculó la suspensión con la problemática de inseguridad.
Así, una decisión que originalmente pone el foco en la capacidad operativa del Estado para implementar una ley terminó convirtiéndose también en un nuevo capítulo de la disputa política por la seguridad.
El período de suspensión abre una instancia clave.
La Justicia deberá analizar qué estructura existe actualmente y qué recursos serían necesarios para que el nuevo régimen pueda aplicarse en la Provincia.
Entre las cuestiones centrales aparecen la disponibilidad de establecimientos, la cantidad de personal especializado y las condiciones en las que deberían cumplirse las medidas previstas para los adolescentes.
El resultado de ese análisis puede ser determinante.
Si se acredita que existen condiciones suficientes, la suspensión podría quedar superada y avanzar la aplicación del régimen. Si, en cambio, persisten dudas sobre la infraestructura y la capacidad estatal, la discusión judicial podría prolongarse o derivar en nuevas medidas.
Por eso, los próximos 60 días no representan simplemente una pausa.
Son, en los hechos, una prueba sobre la capacidad del Estado bonaerense para transformar una reforma legal en un sistema que pueda funcionar efectivamente.
La discusión tiene dos preguntas diferentes que muchas veces aparecen mezcladas.
Una es si corresponde bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La otra —y sobre esta segunda cuestión se concentra la resolución de Pascual— es si existen actualmente las condiciones materiales e institucionales para aplicar esa reforma.
La jueza dejó en claro que no está planteando una oposición a la primera. Su decisión apunta a la segunda.
Y allí aparece el verdadero desafío: una reforma penal puede cambiar una edad en una ley, pero para que esa modificación tenga efectos concretos necesita jueces, fiscales, establecimientos, profesionales, personal especializado y recursos.
Ese será el eje de la discusión durante los próximos dos meses.
Ahora vos también podés mostrar tu comercio, emprendimiento o producto de manera simple, completamente online y sin intermediarios.
® Nro. 1.847.110 Pergaminovirtual.com - Propiedad intelectual © 1998-2026 - Todos los derechos reservados
Términos y Condiciones | Contacto
Edición N° 16976 ( 8-09-2026)
Propietario: Jorge Luis Calvigioni - Director: Jorge Luis Calvigioni
Domicilio Legal: Vergara Campos 1871, Pergamino, Buenos Aires, Argentina
